POR GUILLERMO GALLO MENDOZA – RUBÉN H. FAMÁ – ET AL.

LA PROPIEDAD DE LA TIERRA EN EL PENSAMIENTO CRISTIANO Y LA ALTERNATIVA DE JUSTICIA SOCIAL.

I. LA PROPIEDAD DE LA TIERRA EN EL PENSAMIENTO CRISTIANO

La propiedad incuestionablemente está en el fondo de toda transformación sustancial de la sociedad, transformación necesaria como respuesta a la sociedad capitalista, que se caracteriza por profundas desigualdades de clases que generan para una minoría privilegiada la riqueza y los beneficios creados por el trabajo de toda la sociedad, mientras la enorme masa de los pobres tiene a lo sumo lo indispensable para sobrevivir, en muchas situaciones en una escala infrahumana en términos de disponibilidad de recursos materiales de todo tipo y por consiguiente de calidad de vida[1].

Antes de reflexionar sobre el desarrollo de la alternativa de Justicia Social, queremos ahondar en el tema de la propiedad privada de los bienes naturales en general y de los medios de producción en particular, en el marco del pensamiento cristiano.

No son escasos los textos que presentan a la propiedad privada prácticamente como un principio de la doctrina cristiana. Pero a juicio de los llamados Padres de la Iglesia, la propiedad no se avenía a los designios de Dios[2] y, por el contrario, era la causa de muchos males. Así opinaron San Clemente, el cuarto obispo de Roma, San Justino, muerto en el año 167, los apologistas Tertuliano (vivió desde el año 160 al 240), Lactancio (muerto en el año 325), San Basilio (331 a 379), San Gregorio de Nacianzo (330 a 390), San Gregorio de Nisa (335 a 395), San Juan Crisóstomo (354 a 407), San Ambrosio (339 a 397), San Jerónimo (347 a 419) y San Agustín (359 a 430).

Así, por ejemplo:

LACTANCIO (MUERTO EN EL AÑO 325) ESCRIBÍA

Dios nos dio la tierra en común no para que una avaricia irritante y despiadada se alzase con todo, sino para que los hombres vivieran en comunidad y nadie estuviese falto de lo que nuestra madre común había producido con tanta liberalidad y magnificencia. … Más cuando los hombres se apartaron de Dios desapareció ese comunismo primitivo y se violó aquel pacto de la sociedad humana. Desde entonces empezaron a venirse a las manos, a armarse acechanzas unos a otros y a tener a gala la efusión de sangre humana.

SAN AGUSTÍN (359 A 430) ENFATIZABA

¿En virtud de que posee alguien lo que posee? ¿No es en virtud del derecho humano? Porque por derecho divino la tierra y su plenitud es del Señor. A los pobres y ricos hizo Dios de una misma tierra, y esa misma tierra soporta a unos y a otros. Sin embargo, por derecho humano dice el hombre: Esta finca es mía, esta casa es mía, este esclavo es mío. Por derecho humano, que es lo mismo que decir por derecho de los emperadores. … Suprimido ese derecho, nadie puede decir aquella granja es mía, aquel siervo es mío, aquella casa es mía.

O sea, para San Agustín la propiedad privada no proviene de las Sagradas Escrituras sino del derecho de los emperadores, es decir de la ley positiva. De las Escrituras proviene, en cambio, el uso común de la tierra y los bienes, ya que su único y verdadero dueño es Dios.

Además, dijo: lo que posee cada uno de los hombres es origen de litigios, enemistades, discordias, guerras, tumultos, discusiones, escándalos, pecados, injusticias, homicidios. Y todo esto ¿por qué?. Precisamente por las cosas que cada uno posee. ¿Acaso litigamos por lo que poseemos en común?. Todos respiramos un mismo aire, todos vemos un mismo sol.

SOBRE LA PROPIEDAD, SAN JERÓNIMO (347 A 419) DICE

La propiedad es la injusticia consagrada por el derecho. “El rico, dice, o es injusto o es heredero de un injusto”

Y PARA SAN AMBROSIO (339 A 397)

La tierra fue creada en común y para todos, ricos y pobres. ¿Por qué pues, ricos, os atribuís el monopolio de su propiedad?. La naturaleza no conoce ricos, solamente engendra pobres, no nacemos con vestiduras, ni somos engendrados con oro y plata. … No son tuyos los bienes de que haces obsequio al pobre, es una pequeña porción de lo suyo que le restituyes, pues se trata de un bien común para uso de todos y que tú solo usurpas.

Y agregó: Dios quiso que esta tierra fuera posesión común de todos los hombres y que sus productos fueran para todos, pero la avaricia ha repartido los títulos de propiedad.

SAN JUAN CRISÓSTOMO (354 A 407)

Dijo, por ejemplo, Dios nos ha dado el sol, los astros, los cielos, los elementos, los ríos, de los que gozamos en común, nada de esto es propiedad particular. Sobre ellos no cabe ni licencia ni proceso. He aquí la imagen la ley de la naturaleza. Si Dios ha hecho comunes estas cosas ha sido ciertamente para enseñarnos a poseer en común todo lo demás. Los conflictos y las guerras estallan porque algunos tratan de apropiarse lo que pertenece a todos, como si se indignara la naturaleza de que el hombre con tan frías palabras como tuyo y mío introduzca la división donde Dios ha puesto la unidad. Estas palabras tuyo y mio carecen de sentido. Si llamais vuestra una casa, nada habéis dicho El aire y la tierra, toda mansión pertenece al Creador, así como los que la habéis construido, todo sin excepción.

SAN CLEMENTE (CUARTO OBISPO DE ROMA) ROMANO

Afirmó que “todas las cosas que hay en este mundo debieran ser de uso común entre todos los hombres, pero inicuamente uno toma una cosa como suya, otro otra, y así empezó la división entre los mortales”.

SAN JERÓNIMO (347 A 419)

Para San Jerónimo la propiedad es la injusticia consagrada por el derecho. El rico, dice, o es injusto o es heredero de un injusto.

SAN BASILIO (331 A 379)

Ese pan que tu retienes, le pertenece al que tiene hambre, y al que anda sin abrigo, ese manto que guardas en tus cofres. Esos zapatos que se pudren en tu casa, les pertenecen a los que andan con los pies descalzos, del indigente es ese dinero que tienes atesorado.

SAN FRANCISCO DE ASÍS

Siglos más tarde, San Francisco de Asís asociaría la propiedad al robo y a la fuerza de las armas que precisa su defensa. Señor, le decía a su Obispo, si tuviéramos bienes necesitaríamos armas para defendernos. Pues de los bienes es que surgen controversias y pleitos, perjudicándose así nuestro amor a Dios y al prójimo, por eso es que preferimos no poseer cosa material alguna en este mundo. Siempre me he conformado con menos de lo que necesito, para no privar a otros pobres de lo suyo, hacer lo contrario habría sido robo.

JUAN XXIII

En la Encíclica Mater et Magistra dejó en claro que la socialización de la economía es un aspecto típico de esta época, que trae consigo indudables beneficios para el pueblo, a saber: los medios indispensables para el sustento humano, la asistencia sanitaria, instrucción básica más elevada, formación profesional completa, vivienda, trabajo, descanso conveniente, recreación.

FRANCISCO, ACTUAL OBISPO DE ROMA Y PAPA

En la prácticamente reciente Encíclica LAUDATO SI’, en el punto 20 expresa que “La tecnología que, ligada a las finanzas, pretende ser la única solución de los problemas, de hecho suele ser incapaz de ver el misterio de las múltiples relaciones que existen entre las cosas, y por eso a veces resuelve un problema creando otros.”

Y en el punto 21 agrega, “Tanto los residuos industriales como los productos químicos utilizados en las ciudades y en el agro pueden producir un efecto de bioacumulación en los organismos de los pobladores de zonas cercanas, que ocurre aun cuando el nivel de presencia de un elemento tóxico en un lugar bajo. Muchas veces se toman medidas solo cuando se han producido efectos irreversibles para la salud de las personas”. Y en el punto 22 explicita que dichos problemas “están íntimamente ligados a la cultura del descarte, que afecta tanto a los seres humanos excluidos como a las cosas que rápidamente se convierten en basura”.

Y al referirse al clima como bien común, en el punto 23 explicita que la acumulación de gases de efecto invernadero “se ve potenciada especialmente por el patrón de desarrollo basado en el uso intensivo de combustibles fósiles, que hace al corazón del sistema energético mundial. También ha incidido el aumento en la práctica del cambio de usos del suelo, principal la deforestación para agricultura”.

Sobre la tenencia de la tierra, en el punto 67 puntualiza que “la tierra es del Señor” (Sal 24,1), a él pertenece “la tierra y cuanto hay en ella” (Dt 10,14). Por eso, Dios niega toda pretensión de propiedad absoluta: “La tierra no puede venderse a perpetuidad, porque la tierra es mía, y vosotros sois forasteros y huéspedes en mi tierra” (Lv 25,23). Y en el punto 93 expresa que hoy creyentes y no creyentes estamos de acuerdo en que la tierra es esencialmente una herencia común, cuyos frutos deben beneficiar a todos. Para los creyentes, esto se convierte en una cuestión de fidelidad al Creador, porque Dios creó el mundo para todos. Por consiguiente, todo planteo ecológico debe incorporar una perspectiva social que tenga en cuenta los derechos fundamentales de los más postergados. San Juan Pablo II recordó con mucho énfasis esta doctrina, diciendo que “Dios ha dado la tierra a todo el género humano para que ella sustente a todos sus habitantes, sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno”

Los Obispos del Paraguay explicitaron que “todo campesino tiene derecho natural a poseer un lote racional de tierra donde pueda establecer su hogar, trabajar para la subsistencia de su familia y tener seguridad existencial. Este derecho debe estar garantizado para que su ejercicio no sea ilusorio sino real. Lo cual significa que, además del título de propiedad, el campesino debe contar con medios de educación técnica, créditos, seguros y comercialización”.

En relación al derecho a trabajar, en el punto 127 la Encíclica expresa: Decimos que “el hombre es el autor, el centro y el fin de toda la vida económico-social”. Conviene recordar siempre que el ser humano es “capaz de ser por si mismo agente responsable de su mejora material, de su progreso moral y de su desarrollo espiritual”. El trabajo debería ser el ámbito de este múltiple desarrollo personal, donde se ponen en juego muchas dimensiones de la vida: la creatividad, la proyección del futuro, el desarrollo de capacidades, el ejercicio de los valores, la comunicación con los demás, una actitud de adoración.  Por eso, en la actual realidad social mundial, más allá de los intereses limitados de las empresas y de una cuestionable racionalidad económica, es necesario que “se siga buscando como prioridad el objetivo del acceso al trabajo por parte de todos”.

Y continúa en el punto 128 diciendo que no debe buscarse que el progreso tecnológico reemplace cada vez más al trabajo humano, con lo cual la humanidad se dañaría a si misma. El trabajo es una necesidad, parte del sentido de la vida en esta tierra, camino de maduración, de desarrollo humano y de realización personal. En ese sentido, ayudar a los pobres con dinero, debe ser siempre una solución provisoria para resolver urgencias. El gran objetivo debería ser siempre permitirles una vida digna a través del trabajo. La disminución de los puestos de trabajo “tiene también un impacto negativo en el plano económico por el progresivo desgaste del capital social, es decir, del conjunto de relaciones de confianza, fiabilidad y respeto de las normas, que son indispensables en toda convivencia civil. Dejar de invertir en las personas para obtener un mayor rédito inmediato, es muy mal negocio para la sociedad.

Y en el punto 129 puntualiza que para que siga siendo posible dar empleo, es imperioso promover una economía que favorezca la diversidad productiva y la creatividad empresarial. Y da un ejemplo que se asemeja a la agricultura familiar, al expresar que existe una variedad de sistemas alimentarios campesinos y de pequeña escala que sigue alimentando a la mayor parte de la población mundial, utilizando una baja proporción del territorio y del agua, y produciendo menos residuos, sea en pequeñas parcelas agrícolas, huertas, caza y recolección silvestre o pesca artesanal. Las economías en escala, especialmente en el sector agrícola, terminan forzando a los pequeños agricultores a vender sus tierras o a abandonar sus cultivos tradicionales. Una libertad económica sólo declamada, pero donde las condiciones reales impiden que muchos puedan acceder realmente a ella, y donde se deteriora el acceso al trabajo, se convierte en un discurso contradictorio que deshonra a la política.

 En el punto 134, al referirse a los transgénicos expresa que si bien no hay comprobación contundente acerca del daño que podrían causar los cereales transgénicos a los seres humanos, y en algunas regiones su utilización ha provocado un crecimiento económico que ayudó a resolver problemas, hay dificultades importantes que no deben ser relativizadas. En muchos lugares, tras la introducción de estos cultivos, se constata una concentración de tierras productivas en manos de pocos debido a “la progresiva desaparición de pequeños productores que, como consecuencia de la pérdida de las tierras explotadas, se han visto obligados a retirarse de la producción directa”. Los más frágiles se convierten en trabajadores precarios y muchos empleados rurales terminan migrando a miserables asentamientos de las ciudades. La expansión de la frontera de estos cultivos arrasa con el complejo entramado de los ecosistemas, disminuye la diversidad productiva y afecta el presente y el futuro de las economías regionales.

En relación al Bien Común, en el punto 156 explicita que es “el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección”. Agregando que el Bien Común requiere la paz social, es decir, la estabilidad y seguridad de un cierto orden, que no se produce sin una atención particular a la justicia distributiva, cuya violación siempre genera violencia. Toda la sociedad –y en ella, de manera especial el Estado- tiene la obligación de defender y promover el Bien Común. En el punto 159 agrega que la noción de Bien Común incorpora también a las generaciones futuras, ya que no puede hablarse de desarrollo sostenible sin una solidaridad intergeneracional. No hablamos de una actitud opcional, sino de una cuestión básica de justicia, ya que la tierra que recibimos pertenece también a los que vendrán. ”El ambiente … es un préstamo que cada generación recibe y debe transmitir a la generación siguiente.

Los políticos responsables, serios e incorruptibles deberían leer y reflexionar, como mínimo, lo explicitado desde el punto 176 al 188 de la Encíclica, y si tienen tiempo extender ello hasta el punto 198.

LA PLANIFICACIÓN

En el libro mencionado al inicio de este escrito[3], los autores coinciden en que “la planificación no es más que la voluntad colectiva de dominar la evolución histórica. No constituye una profecía sobre el futuro, sino que es una voluntad consciente de construir la historia. En ese sentido ella representa un paso de avance en el dominio del hombre sobre la naturaleza y de la realización de los grandes principios de igualdad de oportunidades, solidaridad y libertad para todos en la sociedad humana”.

II. UNA ALTERNATIVA DE JUSTICIA SOCIAL: PROGRAMA LA MARCHA AL CAMPO

En nuestra Patria Chica consideramos ineludible la necesidad de realizar en el menor tiempo posible, como un instrumento de alta eficacia para superar la desocupación y subocupación estructural así como la pobreza e indigencia, una reforma estructural en el régimen agrario, a la par de un eficaz control del Estado sobre la aplicación de la ciencia y la tecnología en el manejo de la naturaleza, no solo en lo concerniente al uso de la tierra en la producción agropecuaria y al aprovechamiento de la masa forestal nativa, sino también en el correcto uso de las aguas continentales, la tecnología, la fauna y la flora nativa y el resto de los elementos naturales.

Y para ello, insertamos a continuación los lineamientos de una propuesta titulada LA MARCHA AL CAMPO (incluye La Renta Básica por Localización y Las Unidades Asociativas de Trabajo, Producción, Agroindustria, Comercialización y Solidaridad Social).

La Marcha al Campo: una propuesta para contribuir a superar la DESOCUPACIÓN estructural

A modo de introducción

En este punto se procura demostrar la viabilidad de implementar un Programa de generación de empleo, significativo no sólo en lo que concierne a la cantidad de puestos de trabajo sino también en lo que serían sus efectos sobre la población, tanto en lo que respecta a la beneficiaria directa como a la indirecta (en cuanto a empleo), además de las implicancias en relación al mejoramiento de la dieta alimenticia de la población de menores recursos en general y en la construcción de Seguridad y Soberanía Alimentarias.

Podría ser iniciado usando parte del recurso tierra fiscal con bosque nativo (alrededor de doce millones de hectáreas, según estimaciones conservadoras y bajo el supuesto de que se frene el proceso de deforestación de superficies con bosque nativo) para el aprovechamiento de sus múltiples productos en un plan de manejo sustentable, compatible además con la actividad pecuaria, con manejo de las existencias mediante el uso de alambradas eléctricas, y con la agricultura orientada principalmente al autoconsumo, es decir, no como actividad principal.

Además, la iniciación del Programa podría realizarse utilizando también tierras fiscales de propiedad de la Nación, incluyendo la proveniente de herencias vacantes y de otras formas, así como tierras fiscales de las Provincias, Municipios, Ministerios y Organismos descentralizados, aptas para el desarrollo de la producción agropecuaria (incluye la forestal), actualmente no utilizadas o subutilizadas.

La ejecución del Programa requiere la acción conjunta de diversos sectores (educación, salud, investigación, extensión – comunicación forestal, pecuaria, entre otros, pero cumpliendo funciones diferentes a las establecidas por el modelo actual de funcionamiento de éstos).

Los recursos financieros necesarios para la puesta en operaciones del Programa son importantes pero no imposibles de obtener, ya que parte de ellos pueden provenir de los recursos disponibles en Programas en ejecución.

Por consiguiente, el objetivo de esta PROPUESTA, parcial, limitada y perfeccionable, es el de simplemente contribuir a la superación del negativo estancamiento de los esfuerzos tendientes a la búsqueda de soluciones permanentes a los problemas de la DESOCUPACIÓN, la DESIGUALDAD SOCIAL, la POBREZA, el HAMBRE y la MARGINACIÓN, desgraciadamente crecientes y con características estructurales.

En esta PROPUESTA se usó, predominantemente, información generada y/o recopilada, sistematizada y publicada por Organismos del Sector Público. Parte de dicha información es incuestionable en su validez y otra, seguramente, es perfectible.

El significado de “LA MARCHA AL CAMPO”[4], desde la perspectiva de la generación de ocupación directa e indirecta bajo criterios de desarrollo sustentable

Dadas las transformaciones estructurales resultantes de la ejecución de la política nacional y las severas restricciones y/o condicionantes que operan a partir de ella, cualquier decisión de política que tienda a superar el problema de la DESOCUPACIÓN y la SUBOCUPACIÓN debe, necesariamente, atacar las causas.

Las propuestas más divulgadas respecto a políticas tendientes a la atenuación de la problemática laboral parten del supuesto de que la actual estructura económica se encuentra prácticamente consolidada y es irreversible. Por consiguiente, predomina la exhortación a la buena voluntad de los efectivamente beneficiarios de los cambios introducidos en el país desde el año 1975 a la fecha, para que contribuyan a disminuir los efectos negativos de los cambios.

Pero en el transcurso de los últimos noventa (90) años, como mínimo, salvo breves lapsos excepciones, dichos beneficiarios demostraron, en general, no estar interesados en el desarrollo nacional.

Parecería que las propuestas para superar la Desocupación estuvieran dadas en un marco en el que la contribución previsible de los diversos actores sociales que participan en la actividad económica no admitiera discusión. Este rígido marco aparece como asumido por una importante porción tanto de dirigencia de partidos políticos como de miembros de círculos académicos, científicos y tecnológicos. Sólo así se explicaría la repetición de propuestas de escasa o nula eficiencia.

Una omisión constante en dicho tipo de propuesta es la concerniente a la contribución que puede realizar el SECTOR AGROPECUARIO, directa e indirectamente, en la creación de puestos de trabajo, así como en la democratización de la economía, condición necesaria para la transformación productiva con efectiva Justicia Social. A la superación de dicha omisión la denominamos simbólicamente “LA MARCHA AL CAMPO”, Marcha queimplica cambios sustantivos y necesarios. Ellos, como mínimo, son los siguientes:

a) Fundamentalmente, cambios en la disponibilidad y uso de la tierra a partir de:

• superficies ociosas, con aptitud para uso agrícola;
• obras para riego insuficientemente aprovechadas;
• tierras fiscales susceptibles de ser regadas;
• tierras fiscales con bosques nativos, cuyo manejo posibilitaría maximizar el aprovechamiento de su oferta integral (bienes y servicios).

b) Cambios en los Métodos de Producción, principalmente en lo concerniente a:

• biodiversidad, tanto en cultivos como en los ecosistemas forestales y en otros;
• mecanización, determinada por las características de los suelos, la magnitud de la superficie cultivada, la fuerza de trabajo disponible en las EAP, entre otros aspectos determinantes de dicho nivel.

c)Simplificaciones en los circuitos de los productos, eliminando eslabones innecesarios e incorporando otros, tales como la industrialización de materia prima y de residuos.

d)Creación de Instituciones para la comercialización de productos no tipificados (mercados con consumidores “cautivos”), pero con certificación de origen.

e) Sustantivo mejoramiento de los Servicios Públicos Agropecuarios, lo que implica:

• la creación de Centros de Investigación y/o de Experimentación (Centros I/E);
• investigación, compatible con los requerimientos del Programa de Producción;
• adecuada dotación de Profesionales para los nuevos Centros de I/E;
• designación de una adecuada cantidad de Profesionales para el Servicio de Comunicación Agropecuario.

f) Crédito compatible con la evolución de las nuevas Unidades de Producción.

g) Fomento de la Organización Asociativa de los Productores, para el acceso a la tenencia de la tierra y al resto de los servicios integrales.

h) Establecimiento de Seguros Integrales que cubran los riesgos del Productor y su Familia (salud, educación, producción, como componentes principales).

i) Establecimiento de un Sistema Impositivo simplificado y diferencial según:

• magnitud de la superficie disponible, si es individual, o proporcionalmente si la tenencia es en Unidades Asociativas de Producción;
• magnitud de la ocupación, expresada en hombres/año;
• orientación predominante de la producción (mercado interno, externo, combinaciones, etc.);
• disponibilidad de agua para riego y magnitud de la misma;
• cumplimiento de los programas de producción, etc.

Estimación de los tiempos requeridos para la implementación de “La Marcha al Campo”; estimación del número de potenciales beneficiarios, directos e indirectos; estimación preliminar de requerimientos financieros; potenciales fuentes de financiamiento

La estimación de los tiempos requeridos para el inicio de la implementación del Programa tiene como principales determinantes:

• Suponer que, tanto a nivel del PEN y de los Poderes Ejecutivos Provinciales como de los respectivos Poderes Legislativos, existe la voluntad y la decisión política de implementar el Programa; y que un importante número de la Población Total Desocupada asume como propia la posibilidad de ingreso y/o de reingreso al Sector, bajo regímenes legales que garantizan la titularidad de los beneficiarios bajo adecuadas formas de tenencia “propietario”.
• Lo primero, o sea la participación de los mencionados Poderes, implica la ejecución de acciones de planificación y de elaboración y aprobación de las leyes, para “La Marcha al Campo” de Población actualmente desocupada y subocupada.
• Lo segundo implica la realización de un Censo Nacional (Expeditivo) de la Población Desocupada y Subocupada, tendiente a relevar los datos básicos de los Jefes de Familia y de los Miembros de ésta, así como sobre niveles de capacitación; opiniones en relación a la Participación; a la Calidad de Vida; entre otros indicadores de utilidad para la Planificación de “La Marcha al Campo”.
• La realización del Censo, a cargo del INDEC, con la participación, en el diseño de los formularios y en el trabajo de campo, de los Ministerios de Trabajo y de Desarrollo Social, en el orden nacional; y de los Ministerios u Organismos de Gobierno equivalentes, a nivel de Provincia y de la Ciudad de Buenos Aires.
• Una vez ajustado el Universo de Beneficiarios, debería iniciarse un intenso proceso de Capacitación laboral a cargo de Profesionales extensionistas – comunicadores agrícolas y forestales organizados bajo dependencia del INTA, institución que debería ser reestructurada para cumplir con éste y los posteriores objetivos relacionados con “La Marcha al Campo”.
• En el lapso del proceso de Capacitación, las Familias deberían ser atendidas por un Programa Alimentario Integral (PAI), en cuya gestión deberán participar activamente los Jefes de Familia.
• El PAI deberá atender los requerimientos complementarios de las Familias Beneficiarias durante los dos primeros años de instalación o de reinstalación en el Sector.
• El proceso de Capacitación deberá realizarse en las Escuelas, Colegios o Universidades más cercanas a los Barrios en los que se registre la mayor concentración de Familias Beneficiarias del Programa. El diseño del programa de Capacitación deberá tener en cuenta los diversos niveles de formación y experiencia de los Jefes de Familia y de los miembros de las mismas.
• En el transcurso del proceso de Capacitación, previo a la radicación en el Sector, los menores de edad que cursan estudios primarios y secundarios recibirán apoyo educativo para la realización de las tareas diarias, luego de la jornada de concurrencia obligatoria a las escuelas y colegios donde realizan sus estudios normales. Este apoyo deberá ser impartido por personal especializado, a nivel de Barrio o de un conjunto de Barrios adyacentes.
• Los miembros de las Familias que ingresen al Programa “La Marcha al Campo”, que estén en condiciones de iniciar estudios terciarios o universitarios en Facultades de Agronomía o de Ciencias Agrarias, o Forestales, o de Veterinaria, o equivalentes, serán becados y recibirán durante los dos primeros años de dichos estudios apoyo educativo en Centros Especializados.
• En las EAP se construirán las viviendas adecuadas para un aceptable nivel de bienestar.
• En las áreas de las EAP, o de las Unidades Asociativas, se incorporarían también como Beneficiarios a Profesionales Agrícolas, en una proporción de un profesional o técnico por cada ochenta Familias Beneficiarias. Ellos serán incorporados como Productores bajo un régimen especial: los primeros cuatro (4) años trabajarían simultáneamente como Productores independientes y como Profesionales del INTA en extensión – comunicación.
• Teniendo en cuenta que en los primeros años la cantidad de Familias Productoras por Profesional sería excesiva, recibirán el apoyo de los Extensionistas – Comunicadores del INTA. Durante los siguientes cuatro (4) años actuarán también como Productores independientes y como Profesionales del INTA, pero con dedicación parcial equivalente a medio tiempo diario en esta última función. Una vez finalizado el segundo lapso de vinculación funcional con el INTA, quedarán desvinculados de ella y podrán actuar simultáneamente como Productor y Profesional autónomo.
• La masiva radicación de productores en el Sector determinará la necesidad de elaborar un Plan Agrícola – Forestal Integral y Sustentable (PAFIS). En él deberán quedar incluidos todos los aspectos relacionados con el Sector, desde la organización de los productores; la selección de productos y tecnologías; la organización de los servicios agrícolas y forestales básicos; la producción propiamente dicha; la transformación; la preparación de los productos para la comercialización; la utilización de los residuos como materia prima para nuevos procesos de transformación; la organización de los mercados diferenciales; la comercialización interna; la comercialización externa; el seguro agrícola y forestal integral; el crédito; la tributación; la energización rural; entre otros.
• Iniciando las estimaciones del Programa “La Marcha al Campo” se asume que, inicialmente, el total de Jefes de Familia desocupados, subocupados, Trabajadores agrícolas Permanentes y Transitorios, que optarán por ser Beneficiarios directos, constituirán un universo de alrededor de cuatrocientas mil (400 mil) Personas.
• Para atender los problemas de producción, se asume la necesidad de incorporar en las áreas del Programa alrededor de 5.000 Profesionales Agrícolas e incrementar la cantidad de Extensionistas e Investigadores, como personal de planta permanente del INTA, en alrededor de 2.000 Profesionales.
• La generación de empleo en las actividades de producción, razonablemente, puede asumirse en un orden equivalente a una (1) Persona por Productor, o sea unas cuatrocientas mil (400 mil) Personas. La relación del productor con el personal empleado estará sujeta a las condiciones establecidas en la Constitución Nacional respecto a los Asalariados (Artículo 14 bis).
• Además de los Beneficiarios directos del Programa, cabe mencionar la generación de empleos indirectos en la Agroindustria de tamaño mediano y en los Servicios localizados en el medio rural, así como en la industria de maquinarias y equipos agrícolas, en el movimiento en las EAP y en el transporte de corta, media y larga distancia, estimándose que en algunas áreas también podría estimular la dinamización del transporte ferroviario.
• A los fines de la ejecución del Programa, deberá ser desagregado a nivel de Región, o de Ecozona, o de Provincia, o de Departamento, o de Partido, según las prioridades determinadas por los requerimientos de alimentos de la Población local, a corto, mediano y largo plazo, al igual que respecto a la demanda actual y potencial externa.
• Un Cronograma para la ejecución de las acciones del Programa “La Marcha al Campo”, en los primeros 48 meses, podría ser el siguiente:

La ejecución del Programa “La Marcha al Campo”, como un instrumento de alta significación en la superación de la Pobreza estructural, presenta como ventaja, respecto a los Programas hasta hoy anunciados y/o implementados oficialmente, la generación directa de alrededor de un (1) millón de puestos de trabajo permanentes en el Sector, y la generación indirecta de puestos de trabajo en Servicios, Agroindustrias y en las ramas industriales productoras de maquinarias y equipos e insumos en general, en magnitud superior a la de los Beneficiarios directos.

Además, aumentaría la demanda de diversas profesiones posibilitando la capitalización de la inversión que la Sociedad viene realizando en Educación, Ciencia y Tecnología.

Por otra parte, la transferencia de una porción de Población urbana al medio rural disminuiría significativamente la cantidad y calidad de los efectos e impactos negativos generados por el modelo socioeconómico, y sus variaciones, aplicado en las últimas décadas, que se manifiestan principalmente en los centros receptores de los que emigran del medio rural.

En la primera etapa a nivel de lo aquí propuesto, los requerimientos del Programa “La Marcha al Campo”, respecto a superficie agrícola, se sitúan entre doce y veinte millones (12.000.000 y 20.000.000) de hectáreas, según la composición de ecozonas, programas de producción, etc., que integren el Programa.

Una parte sustantiva podría estar integrada, en parte, por superficies actualmente ocupadas por Bosques Nativos de propiedad fiscal; superficies aptas para la producción agropecuaria, actualmente en poder del Estado; superficies actualmente arrendadas por el Estado a grandes propietarios que operan en el sector; recuperación de tierras ilegalmente apropiadas por empresas privadas, entre otras superficies disponibles.

En esta primera etapa, el manejo integral de una importante porción del total de la superficie de los ecosistemas forestales nativos podría constituir una parte altamente significativa del Programa. A la mencionada composición de superficies disponibles podrían agregarse las superficies beneficiadas por la construcción de obras hidráulicas de aprovechamiento múltiple, que incluye la posibilidad de realización de cultivos intensivos bajo riego.

Como puede inferirse de lo hasta aquí expuesto, la magnitud de la superficie máxima estimada necesaria para la implementación del Programa es el 56,3% de la actualmente concentrada en alrededor de novecientas treinta y seis (936) EAP, cada una de las cuales posee más de veinte mil (20.000) hectáreas. Es decir, el 20.3 % de la superficie total censada, concentrada en el 0.31 % de las EAP con límites definidos.

Cabe recordar que el CNA 2002 informó de la existencia de Tres millones ochocientos catorce mil quinientas diez hectáreas (3.814.510) de tierras fiscales cedidas bajo diversas formas de tenencia “no propietario”, predominantemente a EAP de más de 2.500 hectáreas. También cabe recordar que no toda la tierra fiscal fue censada, ya que ello no era el objetivo del CNA, desconociéndose además la superficie de tierra fiscal que se encuentra en EAP sin límites definidos. Si a ello agregamos la tierra fiscal ocupada por bosques nativos, podría inferirse que una significativa porción de la superficie estimada necesaria para las metas del Programa es aún de propiedad fiscal.

Por otra parte, corresponde destacar que numerosos profesionales, tanto del Sector Público como del Privado, incluyendo investigadores de Universidades y de Centros especializados, sostienen que la actual superficie cultivada, entre veintiocho y treinta y siete (28 y 37) millones de hectáreas podría ser triplicada, al igual que la superficie bajo riego.

Si se tiene en cuenta la sub-utilización de la superficie apta contenida en las EAP para el desarrollo de actividades agropecuarias, se infiere que el aumento de la superficie cultivada debería ser pensado como una expansión “hacia adentro” de las EAP y no “hacia afuera” de la actual frontera agropecuaria, ya que esto último implica prácticamente seguir avanzando en la deforestación de ecosistemas forestales nativos, aumentando la vulnerabilidad ambiental del país.

En cambio, la superficie bajo riego puede ser expandida, por ejemplo, incorporando tecnologías de uso racional del agua (riego por goteo, riego presurizado gravitacional, entre otras aplicaciones), lo que también contribuiría a minimizar la degradación de los suelos usados.

Además, las mismas fuentes sostienen que los Bosques y Montes con especies nativas -alrededor de treinta y cuatro (34) millones de hectáreas- podrían, bajo manejo, mejorar sustantivamente la productividad total de los Ecosistemas Forestales, es decir, la de la flora maderable y no maderable, así como la de las faunas, incrementando también la capacidad de absorción de los gases de efecto invernadero (principalmente CO₂) y mejorando significativamente la eficiencia del conjunto de las funciones de dichos Ecosistemas, que implican asimismo prestaciones de servicios ambientales a otros ecosistemas y al mejoramiento cuali-cuantitativo de otros recursos escasos, tales como el agua.

En la estimación final de los requerimientos financieros para la ejecución del Programa, en los cuarenta y ocho (48) meses de ejecución ya citados, debe tenerse en cuenta que no todos los componentes necesarios deben ser pagados al contado, ya que una parte altamente significativa de dicho total (por ejemplo, una importante porción de la superficie, las viviendas, maquinaria y equipos, etc.) implica financiamientos a plazos variables entre 6 y 15 años y que, a partir del segundo año, es previsible la obtención de ingresos en las EAP que pueden contribuir a disminuir los requerimientos financieros externos del Programa.

Finalmente cabe señalar que la estimación preliminar del costo del Programa, inserta al final de este documento, puede ser considerada de máxima (la actualización del costo del Programa deberá ser efectuada en el momento en que se decida iniciar la implementación del mismo).

ANEXOS

1. INFORMACIÓN ASUMIDA EN LAS ESTIMACIONES

• Por la magnitud de la Desocupación y el nivel de precarización laboral, se estima que, como mínimo, Cuatrocientos mil (400.000) Jefes de Familia podrían interesarse seriamente en ingresar al Programa “La Marcha al Campo”.

Teniendo en cuenta la profundidad de los cambios resultantes en las últimas tres décadas, principalmente en la década de los años ‘90, puede inferirse la necesidad de efectuar un Censo Nacional expeditivo de Desocupados y Subocupados para relevar datos básicos de los Jefes de Familia y Miembros de la misma, actualizando y complementando información del Censo Nacional de Población Hogares y Viviendas, considerada necesaria para el diseño de varios de los Proyectos que deben formar parte del Programa.

El relevamiento Censal abarcaría la información para la selección y categorización de los Jefes de Familia a los fines de la organización de los grupos que se radicarían en las Unidades Asociativas de Producción; la elaboración de los Programas de Capacitación de los Jefes de Familia y de los miembros de las mismas; la determinación de los requerimientos de personal multi e interdisciplinario para impartir dicha Capacitación; la determinación de las necesidades de Personal  Docente y material didáctico para apoyo escolar a los hijos en edad de enseñanza primaria y secundaria; la determinación de la cantidad de becas y apoyo Docente a los hijos en edad y condiciones básicas de ingreso a la Universidad; los requerimientos alimentarios de las diversas categorías de Familias (cantidad de Miembros, Edades, estado de Salud, etc.), entre otros.

• Las estimaciones no incluyen el costo de las Viviendas, pero ello no modificaría sustancialmente el nivel de las inversiones requeridas.
• El costo promedio unitario de la Canasta Familiar de bienes básicos fue estimado en aproximadamente … mil … pesos/mes ($…/mes).
• En la estimación preliminar del costo de la Asistencia Técnica a nivel de campo se asumió un salario unitario promedio (profesional/técnico) total equivalente a … mil pesos/mes ($…/mes, sujetos a actualización); y en el caso de los Docentes de Apoyo a la población en edad  estudiantil, se asumió un salario unitario promedio (Maestro/Profesor) total equivalente a … mil pesos/mes ($…/mes, sujetos a actualización).
• En la estimación del costo total del equipamiento productivo y de apoyo a la producción se asumió un promedio de … mil pesos ($…) por beneficiario directo, asumiendo que se trabajará en Unidades Asociativas.
• En el costo de la tierra se asumió (teniendo en cuenta que parte de ella es de propiedad fiscal, bajo diversas formas, y que el resto será adquirida al valor fiscal de la tierra + un 15 %, a pagar en diez años) un promedio de … mil pesos ($…/ha, sujetos a actualización) la hectárea.
• El resto del costo anual se supone que cubre cuota de la adquisición de equipamiento para la movilidad, para la Asistencia Técnica y los docentes -en caso que esto sea necesario-, la distribución de alimentos en los dos (2) primeros años y gastos generales e imprevistos para la habilitación de las superficies incluidas en el Programa.

2. TIPO DE ORGANIZACIÓN AL INTERIOR DE LAS UNIDADES ASOCIATIVAS COOPERATIVAS

En cuanto a la Organización al interior de las Unidades de Producción Asociativas, podría servir como punto de arranque lo preparado para un caso de pequeños productores familiares, que se transcribe a continuación.

La organización de la Unidad Asociativa Cooperativa se realizará estableciendo una reestructuración funcional de la misma, de manera de posibilitar y garantizar la activa y plena participación de sus miembros, incluyendo la rotación en todos los cargos a efecto de concretar la plena capacitación de todos los participantes.

La reestructuración de la Cooperativa incluye la organización en su interior de:

1. La Comisión de Producción, cuya responsabilidad será la de compatibilizar los programas de producción de los asociados, tanto a efectos de garantizar el éxito de la producción orgánica como de organizar la compra de insumos; determinar las necesidades de maquinarias e implementos y optimizar el uso de las mismas; colaborar con el Centro de Capacitación en Servicio para posibilitar el eficiente y eficaz trabajo de sus profesionales; organizar la cosecha de los productos y el acondicionamiento de los mismos para su comercialización, o industrialización en la Cooperativa; responsabilizarse del mantenimiento de un banco de semillas; y organizar el aprovechamiento de otros bienes naturales detectados en el área de los miembros de la Cooperativa. Cada 30 días elevará a la Comisión de Administración General un informe de lo actuado.

• La Comisión de Transporte y Comercialización, como responsable de la organización de todas las actividades concernientes a la comercialización de los productos de los miembros de la Cooperativa, incluyendo en ellas la identificación de los centros de concentración de la demanda; la organización de la venta al por mayor y por menor; la recepción de pedidos de determinados productos, calidades y envases, que trasladará a la Comisión de Producción; y la cobranza de acreencias generadas por la venta de productos o servicios relacionados con sus actividades, que trasladará a la Comisión de Administración General. Independientemente de esto último, cada 30 días presentará a la Comisión de Administración General un informe sobre lo actuado.

• La Comisión de Vigilancia del área ocupada por los miembros de la Cooperativa, garantizando que las alambradas que rodean la misma, así como los accesos y caminos internos de circulación, se mantengan en buen estado; controlando el ingreso de personas ajenas a la Cooperativa; estableciendo vínculos de cooperación recíproca con otras unidades asociativas que se constituyan en predios lindantes; y favoreciendo las necesarias relaciones funcionales con Organismos de Seguridad del área en cuya jurisdicción está establecida. Cada 30 días elevará a la Comisión de Administración General un informe de lo actuado.

• La Comisión de Administración General, o Consejo de Administración de la Cooperativa, será la responsable de la conducción de ésta a través de las tres Comisiones ya mencionadas, y tomará las decisiones finales en caso de la existencia de puntos de vista divergentes entre dichas Comisiones. Asimismo, representará los intereses de la Cooperativa frente a terceros y encabezará las gestiones de ésta ante Autoridades de la provincia o del orden nacional.     

3. APROXIMACIÓN A LA ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL PROGRAMA

Sin dudas, en esta estimación no se encuentran todos los componentes, pero sí los principales que, en conjunto, constituyen alrededor de ochenta y cinco por ciento del total que resultaría de incluir a aquéllos. No obstante ello, seguramente una proporción significativa de precios unitarios considerados en las estimaciones son superiores a los que se podrían obtener mediante compras masivas. Por ejemplo, en el caso de los alimentos y bienes en general que integran la Canasta Básica; así como en el caso del material para Viviendas, predominantemente local; o en el caso del equipamiento en maquinarias y equipos para la producción.

Teniendo en cuenta lo explicitado, una razonable aproximación al costo del Programa es la siguiente (ver Nota el pie del Cuarto Año):

NOTA: iniciando la implementación del Programa en superficies de propiedad fiscal, los montos estimados para el pago de la tierra en diez (10) cuotas anuales no deberían ser computados; por otra parte, los montos estimados para la adquisición de los bienes que integran la Canasta Familiar, si la compra fuera realizada en conjunto por las Familias integradas en cada Unidad Asociativa, o conjunto de éstas, el costo podría ser significativamente inferior; además, parte de los bienes que componen la Canasta (por ejemplo, carne de aves, porcinos, huevos, leche, hortalizas, etc.) comenzarían a ser producidos por los beneficiarios en los primeros años, contribuyendo también a dicha disminución en el costo; es decir, teniendo en cuenta lo señalado, el monto total del presupuesto requerido para la implementación del programa disminuiría significativamente.

La cesión de la Tierra sería en Comodato a perpetuidad, heredable, y sujeta a condiciones que se establecerán. A partir del ingreso en régimen de la unidad de producción, comenzará a generar un ingreso al Estado en concepto de impuesto a la tenencia de la tierra en Comodato.

A la inversión total estimada para los cuatro años de implementación del Programa, en ambas alternativas falta agregar el costo de las Cien mil (100.000) viviendas correspondientes a los requerimientos en cada uno de los años considerados.

¿Existirá alguna inversión que genere mayor renta al Estado Nacional a partir del uso anual de sólo una parte de los recursos fiscales? Y dejando a un lado la rentabilidad económico-financiera del Programa, quedaría un saldo de muy alta significación que se expresaría en:

• disminución de la desocupación estructural;
• pleno uso de los recursos de Profesionales y Técnicos Agropecuarios, actualmente muy subutilizados;
• pleno uso de los docentes que anualmente egresan de las escuelas medias, terciarias y universitarias, sin un claro horizonte de aplicación de sus conocimientos;
• dinamización de los sectores secundarios y terciarios de la economía, con sus obvios impactos sobre la economía nacional;
• generación de alimentos para mejorar la dieta interna y avanzar en la concreción de la Soberanía y la Seguridad de Alimentos;
• generación de alimentos para atender los requerimientos efectivos de otros países y la implementación de acciones de solidaridad con otros pueblos que enfrentan catástrofes alimenticias;
• uso racional e integral de los bienes naturales estratégicos para la producción agropecuaria y forestal.
• aumento de la recaudación fiscal

En síntesis, este Programa podría ser considerado como un avance para una transformación de fondo y en paz, superando el riesgo de catástrofe creciente en una sociedad donde priman la Desigualdad, la Pobreza, la Desocupación, la Subocupación, la Marginación y el Hambre, de características estructurales; y en donde a su vez distintos matices y expresiones de sectores medios quejosos se vuelcan al individualismo hedonista, desinteresándose del bien común y bienestar general para enclaustrarse en su zona de confort.  

4. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN SUJETO-OBJETO DE LA PROPUESTA DE POLÍTICA AGRARIA

4.1 Población actualmente inserta como Productores Agropecuarios (minifundistas) y Población rural, hoy desocupada y radicada en el medio urbano o en pueblos rurales: características y situaciones de potenciales beneficiarios del programa

Al asumir a esta población como potencial beneficiaria de una política activa agropecuaria del Estado, debe tenerse en cuenta que pueden presentarse diversas situaciones determinadas por las características de los integrantes de aquélla, cada una de las cuales debe ser cuidadosamente analizada previamente a efectos de evitar fracasos o frustraciones y de asegurar el éxito en la ejecución de la política. Dichas características y situaciones, a grandes rasgos y sin excluir la posibilidad cierta de aperturas en prácticamente la totalidad de las que a continuación se exponen, son las siguientes:

4.2 Situaciones posibles

i) Que los que deciden marcharse al campo tienen experiencias previas en la producción agropecuaria, como titulares de la tenencia de unidades de producción pequeñas, que tuvieron que vender porque no encontraron la fórmula para que fueran viables económicamente.

ii) Que los que deciden marcharse al campo recibieron capacitación informal, pero integral (es decir, en los aspectos productivos y de integración social), en pequeños establecimientos agropecuarios dedicados a esta capacitación a tiempo completo.

iii) Que los que deciden marcharse al campo no tienen ninguna experiencia previa en el mismo y sí en actividades de la industria o de la construcción, como asalariados en general, o como mano de obra especializada, y que resultaron expulsados del sector por la introducción de nuevas tecnologías, ajustes estructurales, disminución de las actividades debido a la situación económica general, entre otras causas.

iv) Que los que deciden marcharse al campo tienen experiencia en la producción agropecuaria, en la cual revistaron en condiciones de asalariados transitorios o permanentes y que cesaron en sus actividades expulsados por la tecnología asumida en la producción, o por cambios en el uso de la tierra.

v) Que los que deciden marcharse al campo no tienen experiencia alguna en el sector y sí en actividades en el sector público, en el sector comercial, en el de servicios, etc., pero debieron cesar en sus actividades expulsados por la sustitución de mano de obra debido a la introducción de nuevas tecnologías, o por cese de actividades del empleador, o por ajustes estructurales, entre otras causas.

vi) Puede también darse el caso de actuales titulares de formas de tenencia no propietarias y precarias, dedicados a la producción agropecuaria, que deciden independizarse integrándose en nuevas unidades de producción manejadas bajo formas asociativas de tenencia, producción, industrialización, comercialización, u otras.

vii) Además, puede darse el caso de pequeños productores, titulares de sus unidades de producción, en alto riesgo de desaparición como tales, y que antes de ello deciden mejorar sus condiciones de vida y futuro integrándose en unidades de producción manejadas bajo formas asociativas de tenencia, producción, industrialización, comercialización y otras.

viii) Por supuesto, puede darse una combinación de las situaciones mencionadas, algunas de las cuales pueden elevar el nivel de complejidad a tratar, o generar situaciones ventajosas para la implementación de la política activa agropecuaria del Estado.

Lo importante es ser consciente de la necesidad de una planificación previa a la implementación de dicha política activa agropecuaria del Estado (que, para simplificar, denominaremos en adelante “una Marcha al Campo” en forma asociativa), pero no sólo de una planificación teórica que reflexione sobre las situaciones, sus implicancias y los riesgos, sino también sobre las potencialidades y las posibilidades ciertas de otras alternativas para solucionar el problema de la desocupación estructural, de los déficit de oferta de productos destinados al consumo interno, de la realidad de un mercado insatisfecho en términos de la demanda de productos agroecológicos, entre otros indicadores de alta significación respecto a la calidad de vida de toda la población.

4.3 Analicemos primero cada una de las situaciones mencionadas y luego las combinaciones posibles.

i) Que los que deciden marchar al campo tienen experiencias previas en la producción agropecuaria como titulares de la tenencia de unidades de producción pequeñas, que tuvieron que vender porque no encontraron la fórmula para que fueran viables económicamente.

En esta situación, en general, pueden presentarse tres casos, a saber:

Ahora bien, ¿cuáles son los pasos previos a la marcha al campo, que deben darse para minimizar las posibilidades de un fracaso?, aunque teóricamente deberían ser menores, habida cuenta de las experiencias anteriores de los beneficiarios.

Los pasos que a continuación se explicitan parten del supuesto de que previamente se aplicaron encuestas en profundidad a los interesados, tendientes a conocer los problemas sociales que enfrentan, así como los potenciales, previsibles, es decir, entre otros, escolaridad de los hijos, tanto en el nivel primario como secundario; atención de la salud; necesidades de vivienda; composición familiar, fuerza de trabajo actual, etc. Estos problemas deberán ser solucionados implementando programas sociales especiales, que incluyen instrucción, salud, diseño de la vivienda adecuada, etc., todo ello a cargo del Estado.

Paralelamente a la acción del área social (en el diseño y las previsiones para el funcionamiento del Programa requerido en el área de producción que se afectará a la marcha al campo, o en las vecindades, a razonable distancia máxima de dicha área), deberá implementarse un programa de capacitación integral respecto a las especies y métodos de producción que se aplicará en el área, como así también en relación a la industria de tamaño pequeña o mediana que agregaría valor a la producción primaria, la organización de la comercialización, las ventajas del trabajo asociado de los productores, e integrados verticalmente en todas las actividades, la organización más adecuada para la participación cierta de todos los productores en los órganos de conducción de la Unidad Asociativa, las técnicas para alcanzar consenso en las propuestas, entre los principales temas que deberá abarcar la capacitación previa, intensiva, que luego continuará con el acompañamiento de los capacitadores en el área de producción, durante un tiempo suficiente que debería abarcar hasta el ingreso en régimen de la Unidad Asociativa Integral (de producción, industrialización, comercialización, seguro integral, etc.).

Todo el trabajo de organización de los aspectos sociales y de capacitación mencionados no deberá exceder un lapso promedio de tres a cuatro meses, a partir del cual podrá iniciarse la marcha al campo de las personas incluidas en este caso. Ello implica que, en algunas situaciones, el lapso podría ser muy inferior y en otras necesariamente superior, pero nunca mayor a los seis meses.

La marcha al campo debe tener en cuenta el diagnóstico del medio en el cual se encuentra el área determinada para la Unidad Asociativa.

Cabe destacar que la inserción de un nuevo conjunto social en un medio ya poblado, debe ser precedida de un inteligente trabajo de comunicación social que posibilite la aceptación de los nuevos pobladores.

ii) Que los que deciden marcharse al campo recibieron capacitación informal, pero integral (es decir, en los aspectos productivos y de integración social), en pequeños establecimientos agropecuarios dedicados a esta capacitación a tiempo completo, y/o en escuelas agrotécnicas o agrarias.

Ésta es la situación más favorable para el éxito, en el corto plazo, en la marcha al campo. Como ejemplo de ello, menciono el caso de una ONG que ya realizó las actividades previas que debería haber implementado el Estado, es decir, el conocimiento de la problemática social de las Familias que decidieron marcharse al campo y la capacitación integral informal, es decir en servicio, de la fuerza de trabajo de las mismas. En este caso pueden presentarse las siguientes situaciones alternativas:

En el marco de cualquiera de las alternativas mencionadas, el flujo migratorio al campo debe ser organizado, no anárquico, sobre todo teniendo en cuenta que la superficie que ocupará la Unidad Asociativa debe previamente disponer de viviendas, abastecimiento de agua, energía eléctrica y otros medios necesarios para que la migración no implique un desmejoramiento de la calidad de vida de la población, respecto a sus actuales asentamientos. Este hecho aconseja que la migración sea progresiva en términos de la cantidad de miembros.

Por ejemplo, si la cantidad de Familias que integrarán una Unidad Asociativa es cincuenta (50), una posibilidad de organización de ella para la marcha al campo podría consistir en que diez (10) cabezas de familia migren primero con la responsabilidad de iniciar la construcción de las viviendas, comenzando por la de un gran galpón, con divisiones, una cocina y comedor comunitario, al igual que instalaciones sanitarias (baños, duchas para agua caliente y fría), etc., para que, una vez finalizada la mencionada infraestructura, puedan llegar otras diez (10) cabezas de familias con la responsabilidad de iniciar, con los diez (10) anteriores,  la construcción de las viviendas para las diez (10) primeras Familias, y así sucesivamente. Por supuesto que, paralelamente, rotativamente, iniciarán también las actividades productivas que se irán intensificando a medida que se incorporen nuevas Familias y cabezas de familia.

Mientras se realiza la marcha, planificada, las Familias que quedan en espera de sus respectivos turnos de migración deben ser adecuadamente atendidas a efectos de prevenir problemas de desarticulación familiar, ansiedades, etc., y para ello nada mejor que continuar con procesos de capacitación, para lo que harán, una vez integradas plenamente en la Unidad Asociativa.

iii) Que los que deciden marcharse al campo no tienen ninguna experiencia previa en las actividades productivas del mismo y sí en actividades de la industria o de la construcción, como asalariados en general, o como mano de obra especializada, y que resultaron expulsados del sector por la introducción de nuevas tecnologías, ajustes estructurales, disminución de las actividades debido a la situación económica general, entre otras causas.

Esta situación es una de las más complejas si se la toma de manera independiente a las combinaciones posibles con las dos situaciones analizadas en los puntos i) y ii), ya que requeriría una intensa capacitación integral previa en los temas de producción, asociación para ella, cambios en aspectos culturales, por cuanto en estos actores sociales predominan pautas de la cultura urbana y de dependencia en la toma de decisiones, administración, entre los principales temas, pero a la vez puede presentar la ventaja de las experiencias previas en actividades de la industria (en alguna o algunas de las diversas ramas de ésta) y/o de la construcción, por lo que, combinada esta situación con alguna de las dos primeras, puede potenciar la capacidad del conjunto. Esto último, teniendo en cuenta que la política activa agropecuaria para la Marcha al Campo incluye el desarrollo de actividades industriales en un proceso de integración vertical de la producción primaria, su transformación o elaboración de otros productos y subproductos, etc., así como la autoconstrucción, por parte de los miembros de la Unidad Asociativa, de la infraestructura necesaria para el desarrollo de todas las actividades, tanto de las relacionadas directamente con la calidad de vida, como de las productivas, comercializadoras, etc.

Si esta situación fuera considerada de manera independiente de las posibilidades de combinación con las dos anteriores, el período de capacitación previo (es decir, en el primer tiempo de localización en la Unidad de Producción Asociativa) necesariamente deberá ser mayor que en el caso de las situaciones precedentes. Asimismo, la asistencia a las Familias de los miembros que integrarán la mencionada Unidad también deberá ser más extendida en el tiempo para superar el período de adaptación a la cultura rural.

iv) Que los que deciden marchar al campo tienen experiencia en la producción agropecuaria, en la cual revistaron en condiciones de asalariados transitorios o permanentes y que cesaron en sus actividades expulsados por la tecnología asumida en la producción, o que corren el riesgo de ello, o que manifiestan la decisión de integrarse en la implementación de la política activa.

v) Que los que deciden marcharse al campo no tienen experiencia alguna en el sector y sí en actividades en el sector público, en el sector comercial, en el de servicios, etc., pero debieron cesar en sus actividades expulsados sea por la sustitución de mano de obra debido a la introducción de nuevas tecnologías, sea por cese de actividades del empleador, sea por ajustes estructurales, entre otras causas.

vi) Puede también darse el caso de actuales titulares de formas de tenencia no propietarias y precarias, dedicados a la producción agropecuaria, que deciden independizarse integrándose en nuevas unidades de producción manejadas bajo formas asociativas de tenencia, producción, industrialización, comercialización, entre otras.

vii) Además, puede darse el caso de pequeños productores, titulares de sus unidades de producción, en alto riesgo de desaparición como tales, y que antes de ello deciden mejorar sus condiciones de vida y futuro integrándose en unidades de producción manejadas bajo formas asociativas de tenencia, producción, industrialización, comercialización, etc.

Como la anterior, se trata de una situación semejante a las dos primeras, pero ambas pueden presentar algunas ventajas respecto a ellas.

5. LA RENTA BÁSICA POR LOCALIZACIÓN, COMO INSTRUMENTO DEL DESARROLLO RURAL INTEGRAL [i]

FUNDAMENTOS

Teniendo en cuenta la lejanía, respecto a la localización de los centros proveedores de servicios básicos y necesarios para la calidad de vida, de una significativa cantidad de la población rural; así como el agotamiento de las reservas, en términos económicos, de la extracción de bienes naturales no renovables, potenciado por la ausencia de otras actividades demandantes de ocupación de la mano de obra; a lo que debemos agregar la situación de recursos renovables aprovechados bajo criterios “mineros” y con baja ocupación de mano de obra, como es el caso de los bosques nativos, o de humedales, o de aguas de superficie y subterráneas en general, agudizado ello por la ausencia de crédito y asistencia técnica especializada para el desarrollo de otras actividades productivas o de servicios; y en todos los casos por la insuficiente, cuando no ausencia de servicios esenciales tales como: salud, instrucción formal, seguridad, transporte público, comunicaciones, etc. 

Por otra parte, la desocupación estructural que van generando las circunstancias explicitadas en el párrafo anterior, se expresan en el incremento de la magnitud de las migraciones rural ► urbana o rural ► rural (a centros rural – urbanos), ocasionando un aumento en la presión sobre los servicios básicos de los centros receptores de la migración, sin que dicha migración implique atenuar el impacto sobre la desocupación de la fuerza de trabajo, ya que ello es debido al agotamiento de las posibilidades de generación de empleo bajo el modelo de crecimiento asumido.

Prácticamente, la implementación de la Renta Básica podría ser financiada, por ejemplo, con el ahorro generado por la no realización de obras de expansión de la capacidad de prestación de los servicios básicos, que deberían ser implementadas para satisfacer la demanda de la población migrante al radicarse en los centros urbanos o rurales-urbanos. A la par, los recursos financieros requeridos y aplicados en la implementación de la Renta Básica, deberían ser considerados como una inversión en el marco conceptual del desarrollo rural integral.

La Renta Básica es un instrumento de política pública eficaz para superar los impactos de la desocupación de la fuerza de trabajo existente, a la par de revertir los procesos de migración rural (de población dispersa o agrupada)  hacia centros urbanos, o de población rural dispersa hacia pueblos rurales, que generan significativos vacíos en el territorio con serias implicancias de debilitamiento de la Soberanía e Independencia Económica de la Provincia, a la par de un sensible desaprovechamiento del potencial de su riqueza en bienes naturales que debería ser usado en la solución de los problemas de pobreza, desocupación, subocupación y marginación de su población autóctona y nacional, y como un freno a la extranjerización y concentración de los beneficios generados por dicha riqueza.

En tal sentido, la Renta Básica, como instrumento de política pública, constituye una inversión realizada por el Estado, aplicada con el objetivo de retener población en áreas consideradas estratégicas en el territorio provincial, en el marco conceptual del Desarrollo Sustentable, lo que implica la generación de las condiciones necesarias para que dicha retención tenga fines ecológicos, económicos y sociales. Por lo tanto, dicha inversión tiene inicialmente diversas aplicaciones y exigencias a saber:

• Otorgar a la población de dichas áreas consideradas estratégicas, en términos de ocupación del territorio (por ejemplo, áreas de frontera, cabeceras de Cuencas y Sub-cuencas hidrográficas, áreas en apariencia desérticas, entre otras categorías de áreas y/o de sitios), la posibilidad de atender satisfactoriamente sus requerimientos básicos (alimentos, vestidos, salud, instrucción formal, recreación, transporte), mientras subsistan situaciones críticas generadas por la ausencia de ingresos genuinos, que podrían motivar la migración de esa población a otros centros rural–urbanos o urbanos;
• Realizar diagnósticos expeditivos, tendientes a determinar los problemas, las causas y las potencialidades de la población y del territorio en la cual se encuentra asentada, incluyendo áreas circundantes mediante la aplicación de la definición de ECOZONA;
• Elaboración de las políticas e instrumentos de política necesarias para el desarrollo de las potencialidades determinadas, tanto respecto al territorio como a la población sujeto de la Renta Básica;
• Elaboración de los proyectos productivos y/o de servicios necesarios para la generación de empleo proveedor de ingresos genuinos a la población sujeto de la Renta Básica;
• Identificación del tipo de organización social asociativa y promoción de la misma en el territorio en cuestión, como parte de los requerimientos para la implementación del o de los proyectos elaborados, evitando los mega proyectos y dando prioridad excluyente a los proyectos de tamaño adecuado para el manejo asociativo por parte de los productores (se entiende que los servicios también son productivos, modificando así la actual concepción respecto a ellos);
• Elaboración de los Estatutos correspondientes a la organización social asociativa considerada adecuada para el territorio, o, dentro del mismo, de diversas organizaciones sociales asociativas adecuadas a la actividad específica de cada proyecto;
• Estimación de los costos del o de los proyecto/s, elaboración del o de los cronogramas respectivos, y análisis de las fuentes de financiamiento tanto actuales como potenciales;
• Elaboración de los instrumentos legales necesarios para la puesta en marcha del o de los proyectos bajo la/s forma/s organizativa/s considerada/s funcional/es para el éxito de la política de Renta Básica;
• Determinación de las características de la Asistencia Técnica necesaria para la implementación del o de los proyectos;
• Realización de los estudios de mercado y de organización no tradicional de éstos (por ejemplo, de apertura de locales para la comercialización de la producción generada en dichos territorios, gestionados bajo formas de mercados asociativos de productores, entre otros modelos factibles de acuerdo a experiencias nacionales e internacionales);
• Construcción de la infraestructura básica para los servicios de salud, instrucción formal, transporte y comunicaciones, y adecuaciones de las viviendas;
• Radicación de la población en las Unidades Asociativas de Producción, conservando la Provincia la propiedad de las tierras y los recursos contenidos en el territorio, cedidos a la población sujeto bajo formas de Comodatos a perpetuidad, mientras cumplan determinadas condiciones;
• Puesta en marcha del o de los proyectos en el marco de la aplicación del instrumento de Renta Básica;
• Una vez efectuada la puesta en marcha del o los proyectos en un territorio dado, la población seguirá gozando de la percepción de la Renta Básica por localización, y a medida que avanza la generación de ingresos por los resultados económicos del o de los proyectos, el monto de la Renta Básica disminuirá progresivamente hasta terminar en 0, cuando el o los proyectos alcancen el estado de régimen adecuado, en términos de generación de ingresos para atender los requerimientos básicos y de gradual capitalización de la población beneficiada;
• A los fines de evitar distorsiones en el otorgamiento y pago a los beneficiarios, sea éste mensual, o bimensual, o trimestral de la Renta Básica, esta formará parte de un derecho establecido por Ley, una Ley específica para cada territorio que se incluya en el Programa. El pago será realizado con la frecuencia establecida en dicha Ley, por la Institución Bancaria o, en el caso de la no existencia de ella, en otra Institución Oficial de la Provincia, más próxima a cada territorio incluido en el Programa;
• El carácter de la Renta Básica es de subsidio, en el sentido de no reintegrable, no así el de implementación del proyecto, que constituirá un crédito a mediano o largo plazo, de acuerdo al tipo de proyecto. En dicho crédito no se incluirá la inversión en infraestructura, por cuanto el Estado recuperará la misma de diversas formas, una de las cuales puede  ser el resultado de la aplicación de impuestos por diversos conceptos, entre ellos, por ejemplo, por la venta de productos;
• Aunque parezca obvio, se considera necesario explicitar que la percepción de la Renta Básica implica beneficios y obligaciones. Estas últimas, en el compromiso de la población beneficiada con el otorgamiento de la Renta Básica, de incorporarse a los proyectos, lo que implica incorporación plena, que se inicia desde el momento de la decisión sobre el tipo de proyecto a elaborar, la participación protagónica en la elaboración del mismo, la participación protagónica en la organización para la implementación del proyecto y la implementación del mismo bajo la Asistencia Técnica necesaria y con la frecuencia y duración, en tiempo, adecuada.

Cabe destacar que se considera a la Renta Básica como un instrumento idóneo para la lucha contra la pobreza, presentando obvias ventajas respecto a los subsidios otorgados a la población desocupada o sub-ocupada que enfrenta problemas de pobreza, entre otras categorías semejantes, que podemos resumir en los siguientes puntos:

• Los subsidios tienen altísimos costos administrativos y políticos y, en general, no generan expectativas de cambios en las relaciones sociales, mientras que la Renta Básica implica todo lo contrario, por cuanto se trata de una inversión con retornos graduales en el mediano y largo plazo, para la implementación de proyectos de desarrollo rural integral, con ocupación estratégica del territorio y dominio de la provincia sobre los bienes naturales contenidos en el mismo;

• La Renta Básica puede constituir un instrumento valioso en la implementación de políticas sociales y productivas tendientes a la redistribución de los ingresos y riquezas del territorio;

• La Renta Básica constituye un instrumento contra la exclusión social;

• La Renta Básica posibilita transparentar las políticas económico sociales y eliminar las sospechas sobre las denominadas “trampas en el tratamiento de la pobreza, la marginación y la desocupación”;

• La Renta Básica no constituye un techo, sino un piso para iniciar la implementación del desarrollo integral del sector rural, atendiendo prioritariamente la necesidad de ocupación estratégica del territorio, a la par de la generación de ocupación productiva e ingresos genuinos;

• La Renta Básica posibilita eliminar prácticas asistenciales basadas en el “clientelismo”, que ofende y degrada a la dignidad humana de las personas tomadas como objeto de manipulación perversa.   

Como puede inferirse de la exposición hasta aquí realizada, la preparación e implementación posterior del Programa de Renta Básica implica trabajos de campo y gabinete, con una fuerte participación de la población sujeto. Por consiguiente, lo puntualizado constituye una especie de guía metodológica, o de índice desarrollado de los aspectos que deben ser tenidos en cuenta en la elaboración del Programa y en la aplicación posterior.

Para la aplicación de la Renta Básica como instrumento de política pública basada en los lineamientos expuestos, se designa como Autoridad de Aplicación de la Ley al Ministerio de Ambiente, en cuyo ámbito deberá crearse una Unidad funcional inter y multidisciplinaria, es decir, integrada por Sociólogas/os, Ingeniero Agrónomo o equivalente, Veterinario o Zootecnista o equivalente, Ingeniero Civil o equivalente, Economista y Abogado, pudiendo para ello convocar a profesionales de otros Ministerios, que deberán ser cedidos obligatoriamente en carácter de adscriptos y, en caso necesario, incrementar su propia dotación de profesionales.

La Unidad Funcional, una vez determinadas las ecozonas en que se aplicará la Renta Básica, mínimamente deberá realizar el siguiente trabajo de campo:   

• bienes naturales existentes en cada una de las ecozonas, niveles de aprovechamiento actual y potencial evidentes;

Una vez finalizado el trabajo de campo en las ecozonas determinadas para la aplicación de la Renta Básica, mínimamente deberá realizar el siguiente trabajo de gabinete: 

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6.  SUGERENCIA BIBLIOGRÁFICA

(1) LAMAS, Andrés. Rivadavia y la legislación de las tierras públicas. Ediciones Populares Bernardino Rivadavia, Editorial Georgista. Buenos Aires, Argentina, marzo de 1882.

(2) SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA Y CONSEJO FEDERAL AGROPECUARIO. “Alerta Amarillo. El deterioro de las tierras en la República Argentina”. Buenos Aires, 1995.

(3) CÁRCANO, Miguel Ángel. Evolución Histórica del régimen de la tierra pública, 1810-1916. Editorial Universitaria de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina, 1972.

(4) LAMAS, Andrés. Rivadavia: su obra política y cultural. Editorial la Cultura Argentina. Buenos Aires, Argentina, 1915.

(5) BAVIO, Ernesto F.; DURAND, Alberto; TANCO, Miguel A. “Extirpación del Latifundio en el Norte Argentino. Proyectos de Ley, Discursos y Sanciones. Expropiación de terrenos de la provincia de Jujuy que pertenecieron a Aborígenes; Expropiación de fincas ubicadas en la provincia de Salta; Expropiación de la finca La Rosa en el departamento de Cafayate (Salta) y Texto de la Ley 13.592”. Publicación del Senado de la Nación, Buenos Aires, 1949.

(6) PONTIFICIO CONSEJO “Justicia y Paz”. “Para una Mejor Distribución de la Tierra: El reto de la reforma agraria”. El Vaticano, Roma, Italia, 23 de noviembre 1997 (Documento que forma parte del Nº 154 de la Revista Realidad Económica, editada por el IADE en su número que abarca desde el 16 de febrero al 31 de marzo de 1998).

(7) CGT de la República Argentina. “Jornadas Agrarias: Definición de Reforma Agraria como cambio estructural; Análisis del Régimen de Tenencia de la Tierra; Validez de la experiencia sobre Reforma Agraria en otros Países; Análisis de la organización del trabajo dentro del actual sistema de tenencia; Planeamiento de la Producción y medidas a adoptar para lograr las metas de una Reforma Agraria. 26 de noviembre al 2 de diciembre de 1963”. Artes Gráficas Negri S. R. L., Buenos Aires, Argentina, 27 de agosto de 1964.

(8) CGT de la República Argentina. “Jornadas Económicas: Estructura Económico – Social del País (entre otros temas). 31 de julio al 6 de agosto de 1963”. Talleres Gráficos de la CGT, Buenos Aires, Argentina, 30 de septiembre de 1963.

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(10) ÁLVAREZ, Antenor. “Riqueza Forestal de la Provincia de Santiago del Estero”, Santiago del Estero, 1966

(11) LEDESMA, René Néstor: “Programación para el Desarrollo sobre la Base de la Riqueza Forestal de la Región Chaqueña”. Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ingeniería Forestal, Santiago del Estero, 1970.

(12) C.G.T. “Hacia el Cambio de Estructuras. La CGT en marcha”. Talleres Minerva Publicidad – Artes Gráficas. Buenos Aires, Argentina, 1965.

(13) VARSAVSKY, Oscar. Estilos Tecnológicos. Ediciones Periferia. Buenos Aires, Argentina, 1974.

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(15) CONADE-CFI. “Tenencia de la Tierra. Aspectos de la estructura agraria y su incidencia en el desarrollo agropecuario argentino”. Tema de Divulgación Interna, Nº 7, Buenos Aires, Argentina, 1964.

(16) G. GALLO MENDOZA y N. S. TADEO. “La mano de obra en el sector agropecuario”. Tema de Divulgación Nº 9. CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO. Sector Proyectos Especiales. Buenos Aires, Argentina, 1965.

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(24) DOMIKE, Arthur L.; GALLO MENDOZA, G. et al. “Tenencia de la Tierra y Desarrollo Socio-Económico del Sector Agrícola”. ARGENTINA. CIDA, Washington DC, 1965.

(25) BARRACLOUGH, Solon L. y DOMIKE, A. L. “La Estructura Agraria en Siete Países de América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Perú)”. El Trimestre Económico, Volumen XXXIII, Número 130. México DF, México, abril – junio de 1966.

(26) GALLO MENDOZA G. con la colaboración de GALLO MENDOZA P. “La Marcha al Campo – Propuestas para contribuir a superar la desocupación estructural”. Fundación Patagonia Tercer Milenio. Buenos Aires, Argentina, septiembre de 2010.

(27) GALLO MENDOZA G. Y GALLO MENDOZA L. “Política Agraria – Reforma, Soberanía y Seguridad Alimentaria. Modelos de Desarrollo”. Fundación Patagonia Tercer Milenio, Buenos Aires, Argentina, agosto de 2011.

(28) GALLO MENDOZA G. “Decires del Censo Nacional Agropecuario de 1952 – Hechos y principales políticas agrarias desde 1914 a 2013. Buenos Aires, Argentina, junio de 2014.

[1] Parafraseando lo expresado en el libro “El desarrollo de la nueva sociedad en América Latina”. Editorial Universitaria S.A., Santiago de Chile, República de Chile, junio de 1969.

[2] Idem a la nota anterior.

[3] Mencionado en nota 1

[4] En publicaciones del mismo autor, realizadas desde los años 1990 en adelante, se usaron denominaciones tales como “De Regreso al Campo”; “La Vuelta al Campo”; “La Marcha al Campo”.

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