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Argentina tiene una herramienta para combatir la desocupación estructural: La Marcha al Campo

Es un lugar común muy repetido en los últimos meses el que afirma que en nuestro país, tras los efectos devastadores de la recesión económica arrastrada por años, sumada a los costos ocasionados por la pandemia, es imperioso realizar reformas estructurales y tomar medidas de fondo que no sólo marquen el camino a recorrer para ponerle fin a las penurias sino para colocar al país en una duradera senda de desarrollo integral, empezando por resolver los injuriantes niveles de desigualdad y miseria económica que hoy alcanza a casi la mitad de la población. Frente a la falta de propuestas, cuando no la dominante implementación de proyectos neoliberales, nos hemos propuesto impulsar la ejecución de un plan alternativo diseñado sobre la base irrenunciable de la justicia social y que atiende a un sector que ha sido desconocido en cuanto a su potencial aporte de trabajo genuino y desarrollo productivo.

Este sector es el agropecuario, donde el debate ha estado dominado exclusivamente por el rol del sector agroexportador. Lejos de oponerse a su existencia, el programa nacional ‘La marcha al campo’ propone la utilización de tierras fiscales y de tierras fiscales con bosques nativos, actualmente en poder del Estado en diversos organismos y niveles y apunta al desarrollo de un sector complementario, formado por unidades asociativas de producción en la forma de cooperativas agropecuarias, bajo la forma jurídica de comodato a largo plazo consolidando la propiedad fiscal.

Aprovechando la larga tradición nacional de cooperativas y la necesidad de un desarrollo territorial y federal, La Marcha al Campo apunta, precisamente, a revertir la migración rural-urbana y fomentar el arraigo del sector rural, contribuyendo a evitar el hacinamiento en los conurbanos y tendiendo a un desarrollo armónico mediante una estrategia tanto productiva como de movilización de fuerza de trabajo que puede, en un primer plazo de 48 meses, pasar a significar una nueva población rural, asentada en el territorio y organizada como un conjunto de productores, sin subsidios permanentes del Estado, con un libre desarrollo de sus actividades contribuyendo así a un federalismo más equilibrado, a una desconcentración de las grandes urbes, a la progresiva desaparición del hacinamiento y a la cobertura de una demanda creciente de alimentos de calidad y con denominación de origen en las provincias.

Dicho proyecto, que encuentra sus orígenes en lo mejor del acervo cultural del peronismo, cuenta hoy con un proyecto de ley presentado por la Diputada María Rosa Martínez del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, con el apoyo y la firma de una veintena de diputadas y diputados. Consideramos de enorme relevancia que este proyecto se apruebe para reducir el desempleo genuinamente y trazar un horizonte de esperanza para millones de argentinos que se encuentran en la angustiante situación de desempleo y pobreza estructural.

Por todos estos motivos es que hacemos un llamado a la adhesión a ciudadanos de a pie, organizaciones populares, partidos políticos, entidades empresariales, movimientos de trabajadores desocupados, organizaciones sindicales, movimientos campesinos y  militancia popular en general para que hagan suyo este proyecto y aporten su firma y adhesión. Invitamos a los interesados a la lectura del proyecto de ley de la diputada Martínez, los fundamentos teóricos, políticos y filosóficos o el libro.